En el Pleno del pasado viernes 19 de diciembre, Izquierda Unida presentó una alegación donde se proponía la congelación el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2016 que el Equipo de Gobierno pretendía subir un 1%. La alegación fue aprobada por todos los grupos municipales, con la excepción de Recuperemos Ayamonte (RA). Tras el pasado Pleno los/as ciudadanos/as de Ayamonte no pagarán más por sus viviendas el próximo año. En Izquierda Unida entendemos que la vivienda es un derecho universal y por ello seguiremos luchando.
La Asamblea Local de Izquierda Unida rechaza las acusaciones vertidas por RA sobre una supuesta insensibilidad a la realidad social de la localidad. En primer lugar, RA ha basado toda su estrategia en “la previsión al alza de los valores catastrales que se esperan para 2016” cuestión que desde la Intervención Municipal y, según informe remitido por el técnico competente ha sido rechazada en los siguientes términos: “la repercusión del coeficiente de actualización sobre el valor catastral, de 1,10, establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este municipio, no supondría, ningún incremento a pagar en la cuota del IBI, es decir, el ciudadano pagaría en el año 2016, la misma cantidad que en el 2015”.
Izquierda Unida entiende que votar en bloque una alegación en la que se recoge grabar con un 50%, por ejemplo, “las viviendas vacías”, es contrario a la legislación actual, pues, según sentencia de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determina que el concepto de vivienda vacía no puede ser regulado por una ordenanza municipal sino por un reglamento estatal, el cual, a fecha de hoy, no ha sido desarrollado. Izquierda Unida propondrá bajada de impuestos de carácter social en una única alegación separada de cuestiones ilegales para un próximo pleno en el que se trate estas cuestiones.
Por otra parte, cabe recordar que Izquierda Unida consiguió el 14 de febrero de 2014 que se aprobara un incremento del 50% del IBI de viviendas de uso residencial, desocupados con carácter permanente, propiedad de las entidades financieras, provenientes de ejecuciones hipotecarias.
