La primera moción presentada por Recuperemos Ayamonte es para que el ayuntamiento de Ayamonte se comprometa a contratar energía 100% renovable y que se puntúe en los pliegos de condiciones a las empresas que utilicen este tipo de energía
La obtención de energía eléctrica a partir de fuentes renovables es una forma eficiente y limpia de generación de energía que reduce la emisión de gases de efecto invernadero además de disminuir la dependencia energética; contribuyendo al cambio de modelo energético impulsado por las convenciones internacionales y la Unión Europea.
La directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables dice que “el control del consumo de energía y la mayor utilización de fuentes de energía renovable son fundamentales para luchar contra el cambio climático”. El porcentaje de energías renovables deberá cubrir un 27 por ciento del consumo total de energía según el objetivo europeo para el año 2030 (Horizonte 2030). En la legislación española, la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible en su art 85, relativo al ahorro energético de las administraciones públicas, establece que “Todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, incorporarán los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovable entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación”.
Como ya se está haciendo en muchos otros municipios del país, el Ayuntamiento de Ayamonte en su compromiso con el desarrollo sostenible y responsable con los recursos naturales, debe tender a que el consumo energético de sus instalaciones proceda exclusivamente de fuentes renovables, así como a implantar medidas de ahorro y eficiencia energética.
Por ello proponemos al pleno de la corporación la adopción de los siguientes
Acuerdos:
1º. El ayuntamiento de Ayamonte contratará la distribución de energía eléctrica para todas sus instalaciones, con alguna de las comercializadoras que ofrecen de forma única una prestación del servicio eléctrico con el 100% de origen renovable. En los pliegos de condiciones que realice el ayuntamiento con empresas del alumbrado de calles será una clausula puntuable
2º. El ayuntamiento de Ayamonte instalará progresivamente en sus edificios sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el autoconsumo.
3º. El ayuntamiento de Ayamonte implementará medidas de ahorro y eficiencia energética en sus edificios, atendiendo a la directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 y al reglamento delegado (UE) nº 244/2012 de la Comisión de 16 de enero de 2012, a la directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012, y cuales quiera otras en vigor, así como a la legislación nacional surgida de ellas.
Asimismo, se aprobó por unanimidad una moción de Intermon Oxfam que llevó a pleno Recuperemos Ayamonte en la que se declara Ayamonte zona libre de paraísos fiscales
Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a través de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.
Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de presentar un listado de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos países (Country‐by‐country reporting). El Gobierno español ha incluido este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 2016 que, sin embargo, limita el alcance de este tipo de medida, ya que sólo se requiere a empresas que facturen más de 750 millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública.
Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales, para que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal, y velando por un sostenimiento de los recursos públicos.
Por ello proponemos al pleno de la corporación la adopción de los siguientes
Acuerdos:
1. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos.
2. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales.
3. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:
a) Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam Intermón, a los grupos parlamentarios municipales y a la comisión de economía de la Comunidad Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio de Hacienda;
b) Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal.
4. Estos compromisos se han de traducir en la tramitación de las disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo máximo de 1 (un) mes desde la aprobación de la presente moción.
