Las irregularidades en las que se basa el Ministerio son fundamentalmente dos: por un lado, el incumplimiento del plazo de entrega del proyecto por parte de la empresa adjudicataria, establecido en el contrato en quince días y rubricado con fecha 15 de febrero de 2019, demorándose la entrega del mismo en un total de veintiún días. Y, por otra parte, la penalización establecida del diez por ciento, por considerarse que no se respetaron en el proceso de adjudicación a la empresa DETEA, los principios de transparencia y no discriminación e igualdad de trato que deben regir en todo procedimiento de contratación conforme a la ley de contratos del sector público.
Desde el equipo de gobierno se quiere aclarar que, en contra de las acusaciones de los populares, el contrato suscrito con la empresa TR CONSTRUYA contempla mismo el presupuesto que el adjudicado a la empresa DETEA, así como que el proyecto sigue siendo el inicial, adaptado, eso sí, a las exigencias de las diferentes Administraciones, trámite indispensable para obtener las pertinentes autorizaciones que el anterior gobierno no fue capaz de conseguir y que la buena gestión, el esfuerzo y el trabajo de los actuales gobernantes han permitido desbloquear un proyecto que supondrá la transformación del frente de la ciudad y que en los próximos meses será una realidad.
